José Antonio Alcaraz .- La administración municipal de la exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán no pagó a un proveedor que les surtió insumos como calzado, uniformes y equipo de seguridad, por lo que las actuales autoridades tendrán que desembolsar 2 millones 108 mil 160.80 pesos.
Este recurso es por el concepto de los referidos insumos que se debieron pagar en abril de 2020 a el proveedor Carlos Eduardo Malanco Aguilar, quien ganó parcialmente la licitación pública MPS-SA-LP-11-20.
De acuerdo con Liliana Mera Curiel, sindica procuradora jurídica de Pachuca, el pasado 21 de febrero le fue turnada la resolución 808/2022 en la que un juez mercantil ordenó al ayuntamiento de Pachuca liquidar este recurso, dando un plazo de tres días hábiles, ya que de lo contrario procederían a un embargo de los bienes del municipio.
En sesión de cabildo, la sindica emanada de Morena dijo que el pasado 12 de septiembre de 2022, el proveedor inició la demanda contra el municipio de Pachuca por el incumplimiento de pago del contrato, pese a que esté cumplió en tiempo y forma con la entrega de los insumos.
Malanco Aguilar reclamó ante el juez mercantil la cantidad de 5 millones 164 mil 993.96 pesos, de los cuales 2 millones 108 mil 160.80 pesos son por concepto de suerte principal, que es el costo que se presupuestó para los insumos.
Además, 2 millones 509 mil 792.96 pesos por intereses moratorios al 29 de enero de 2023 más el pago de gastos y costos por 527 mil 40 pesos. Sin embargo, únicamente se ordenó el pago por concepto de suerte principal.
La sindica informó que las autoridades municipales anteriores no realizaron el pago correspondiente, pues según les informó la secretaría de administración, que las cuentas de la persona física se encontraban bloqueadas, situación que no deslinda al municipio de haber realizado el pago correspondiente.
El desembolso del recurso fue aprobado por mayoría de votos, pues los regidores Olivia López Villagrán y Carlos Conde Zúñiga, solicitaron que el asunto fuera turnado a las comisiones ya que, de hacer una modificación presupuestal podría derivar en consecuencias y responsabilidades legales.
Pese a ello, la mayoría de los integrantes del municipio acordaron ordenar a la secretaria de administración y a la tesorería para que realice las acciones presupuestales para disponer del recurso y pagar el adeudo.
También, se ordenó a la Secretaría de la Contraloría investigar a efecto del “por qué la administración municipal anterior contratante no efectuó el pago en tiempo y forma”.
Finalmente, se solicitó al edil Sergio Baños Rubio gire instrucciones a todas las secretarías, dependencias, comités de adquisiciones, entidades y órganos paramunicipales para que informen si existan otros casos análogos y entreguen al cabildo una proyección de todos los asuntos que puedan derivar de una erogación al con cargo al presupuesto, esto en un plazo de cinco días hábiles a partir de la aprobación.