Por Rogelio Hernández López
No trasciende cuánto nerviosismo pulula en Palacio Nacional por el destino que dará la Suprema Corte de
Justicia a dos leyes que contienen sendas aspiraciones presidenciales: recortar más aún el gasto publico en
publicidad y ampliar la libertad de expresión de las personas servidoras públicas.
Es que esas dos leyes vigentes provocaron que aumentaran los frentes opositores activos que claman la
intervención de La Corte para que las declare inconstitucionales.
En la oposición política activa directa contra esas leyes se colocan lógicamente el PAN, el PRI y el PRD y
sus organismos civiles anexos; el Instituto Nacional Electoral se abrió a la militancia opositora; y ahora se
han sumado organizaciones civiles encausadas a las libertades de información y de expresión; alcaldes,
congresos locales y soterradamente un sensible número de medios de comunicación y periodistas que se
sienten afectados directamente.
Las acciones adversas se verán en los próximos días en el Congreso de la Unión, cuando se discutan las
reformas a otros ordenamientos del llamado Plan B de la reforma electoral; en juzgados promoviendo
amparos; en la Corte con más solicitudes para controvertir constitucionalmente dos leyes ya vigentes de esa
reforma; y promoviendo, todos, las manifestaciones opositoras del 26 de febrero en varias ciudades del país.
Frenar las mañaneras
El martes 27 de diciembre de 2022 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de
Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ya reformadas por las dos
cámaras del Congreso de la Unión. Estas leyes forman parte del denominado plan B de la reforma electoral.
Faltan las reformas centrales que se discutirán la semana del 20 al 24 de febrero.
La resistencia y oposición que provocaron fueron, por un lado, a que se concede más libertad de hablar a los
gobernantes en ambas leyes. El enunciado más claro de eso está en el penúltimo párrafo del Artículo 4 inciso
VIII bis de la Ley General de Comunicación Social.
Se legisló que “No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras
públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.”
Los argumentos en contra de este aumento de la libertad de expresión de servidores públicos es que “se
lesionarán los derechos de la ciudadanía con expresiones propagandísticas y menos información y que en
tiempos de campañas electorales se distorsionará la equidad de la contienda.
Pero pocos opositores reconocen públicamente que con esos enunciados se legitimará jurídicamente la
práctica de las conferencias de prensa mañaneras en cualquier día y momento y que esta forma de
comunicación se extenderá a todos los gobernantes, más en los medios públicos.
Menos dinero a medios
El otro aspecto mayor de la inconformidad ampliada es porque la Ley General de Comunicación Social
establece, ahora sí, la obligación para todas las entidades de la federación, a gobiernos estatales y a los
municipales de ahorrar en publicidad y propaganda en medios privados, no hacer gastos excesivos.
En los párrafos finales del inciso VII del Artículos 26 se asentó:
“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por
ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este
artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior.”
Desde que esta adición se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reaccionaron varias
organizaciones activas por la libertad de expresión exigiendo más transparencia y equidad en ese gasto pero
en el federal y que se lesionarán derechos de autonomía de los municipios.
El PAN y el PRI promovieron en sus asociaciones de alcaldes y congresos en los que influyen a que se
ampararan contra esa medida y luego empujaron a que mejor iniciaran procedimientos en la Corte para
controvertir constitucionalmente toda la ley.
Gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos de la oposición y más de uno de Morena saben bien que
esta restricción a su recursos para publicidad significaría reducirles mucho sus capacidades políticas de buena
relación con medios de comunicación, de la prensa y con periodistas.
Esas y otras acciones opositoras han sido difundidas amplia y persistentemente por medios de comunicación
especialmente los que han sido afectados por los recortes que el gobierno federal ha hecho en esos
presupuestos.
El panorama futuro de muchos medios –como lo hemos descrito en otras colaboraciones—es más pesimista
porque ahora, mermarán mucho más sus ingresos si la Corte no frena esa ley. Gobiernos estatales, incluso de
Morena y varias universidades públicas se han brincado las políticas de austeridad en publicidad y
propaganda.
Sin esta ley el gobierno federal se ha restringido severamente desde 2019. El promedio anual de ese gasto ha
sido de 1 mil 700 millones en los cuatro años. Lo que contrasta con los más de 8 mil millones de pesos que
erogó el gobierno de Peña Nieto tan solo en 2018 .
Además, también sin esa ley la presidencia de la República decidió quitarse la cuarta parte del presupuesto
autorizado (25 por ciento) de cada año para cubrir cinco seguros para periodistas independientes en el IMSS.
En 2023 Morena y sus aliados tienen 21 gubernaturas, mayoría en 19 congresos y presiden 506 municipios y
es probable que para emular a la federación seguramente se atenderá la política pública de ahorrar en
publicidad y propaganda y más si la ley no es anulada por La Corte.
A partir de este lunes 20 de febrero se intensificarán los movimientos opositores por estas leyes, por las que
se discutirán en el Congreso de la Unión, por las movilizaciones que se preparan para el último domingo del
mes. La Corte acumula presiones por la promociones de inconstitucionalidad que tenía pendientes y por estas.
Y sin duda que por todo esto también hay nerviosismo en Palacio Nacional por el destino de sus proyectos de
reducir los gastos onerosos en el INE, también del gasto publicitario y tener más libertad para sus palabras en
cualquier momento. Mirada de reportero ([email protected]).