Miguel Á. Martínez / Tula de Allende. La contraloría interna municipal determinó que no hay responsabilidad administrativa ni penal contra el director de Adquisiciones local, Juan León Monroy, así como ningún otro funcionario de la gestión 2020 – 2024 que se pudieron ver involucrados en el caso de los colchones podridos que se entregaron a los afectados de la inundación de septiembre de 2021.
Lo anterior fue revelado por la regidora Araceli Rivera Díaz, quien sostuvo que personalmente recibió el dictamen de la contralora, Gabriela Patricia Ponce Esparza, quien le hizo saber que, habían abierto el proceso de investigación correspondiente por el caso de los 763 camastros contaminados con heces fecales, sangre, orines y chinches que el municipio entregó a los afectados de la anegación.
No obstante, aseveró la edila, la funcionaria dictaminó que no existían elementos como para sancionar ninguna conducta en detrimento de los damnificados ni una posible malversación de recursos públicos en la compra – venta de los artículos.
Cabe recordar que, a un mes de que al menos 35 mil tulenses perdieran su patrimonio a consecuencia del desbordamiento del río Tula, el gobierno municipal adquirió más de 760 colchones individuales, los cuales entregó a igual número de perjudicados, los que, sin embargo, eran reciclados y contenían residuos de las materias e insectos ya descritos, por lo que, en protesta a la acción, los camastros fueron quemados frente al Palacio de gobierno municipal.
Los artículos en cuestión fueron comprados a tres proveedores distintos: Comercializadora Nassim, la persona física Erandeni Yunnuen León López y Expomuebles San Lorenzo y la operación tuvo que ser autorizada y pagada por el titular de Adquisiciones; no obstante, no hubo responsabilidad sobre el funcionario.
En la primera semana de febrero de 2022, se ventiló el caso de posible corrupción y malversación de recursos públicos del gobierno municipal presidido por el alcalde Manuel Hernández Badillo, por un monto superior al millón y medio de pesos, para la compra de 763 colchones, en “beneficio” de los damnificados de la inundación de septiembre en el centro de la demarcación y nueve localidades más.
Respecto al caso, en sesión de Cabildo, el regidor de Morena, Ricardo Baptista González, reveló que, en su momento, por el caso, hizo denuncias ante la Contraloría municipal y estatal, pero que éstas no procedieron.
Igualmente, el edil dio a conocer que, a pesar de que pidió a la síndica jurídica, Lilia Ibáñez Cornejo, presentar una denuncia penal en contra de quien resultara responsable, la integrante del ayuntamiento, y su fracción misma, sólo inició una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aún y cuando había suficientes elementos para proceder jurídicamente.