Miguel Á. Martínez. Región Tula. Entre conflictos sociales y protestas por la falta de atención a los damnificados de la inundación de septiembre de 2021, de parte de los tres órdenes de gobierno, y la mala calidad de las obras del Plan Hídrico de Tula ejecutado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el supuesto fin de evitar siniestros similares, además de la incertidumbre de mil 500 trabajadores de la empresa y cooperativa La Cruz Azul, que se han quedado sin trabajo y sin ingresos por el corte de luz eléctrica a la fábrica de cementos de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, transcurrió el cierre de año en la Capital Tolteca y su zona de influencia.
También se tuvo un fuerte conflicto en Tepeji del Río a consecuencia de la violencia desatada por un grupo de huachicoleros que pretendieron impedir la detención de I.H.G. El Rábano, líder de una banda de chupaductos, que concluyó con la detención de seis hombres, la quema de una patrulla del gobierno local, y el robo de equipo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji del Río, así como la vinculación a proceso de las personas aseguradas.
Asimismo, en por lo menos cinco municipios de la región se tiene una fuerte problemática a raíz de la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), generados en demarcaciones como Tula de Allende, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.
Al cierre y clausura definitiva del Centro Regional de Tratamiento de RSU de la comunidad de El Cardonal, operado por la empresa Esmex, e inaugurado por el gobierno del estado apenas a mediados de enero pasado, las demarcaciones mencionadas, tuvieron que firmar un contrato emergente con la empresa Tecnosilicatos, que operaba el antiguo relleno sanitario de Tula, pero cuya concesión se le había retirado por parte de la Secretaría del Medio Ambiente estatal (Semarnath), por incumplimiento a las disposiciones mínimas en la materia.
El contrato, para la transferencia de desechos hacia rellenos del Estado de México que ofrece Tecnosilicatos se renovó hasta el 31 de diciembre del presente, por lo que, concluido dicho periodo, nuevamente, los municipios se quedarán sin opciones para el depósito óptimo de basura, pese a ello, la Semarnath sigue sin ofrecer alternativas a los ayuntamientos.
El de la inseguridad sigue siendo un tema pendiente en la región Tula – Tepeji, en que el huachicoleo y el gaschicoleo en ambas cabeceras sigue en aumento. Además, las estadísticas de la delincuencia común y el narcomenudeo en la zona sigue incrementándose, principalmente entre los jóvenes.
En Tula, incluso el alcalde Manuel Hernández Badillo, señaló en una declaración reciente que la alta incidencia en el robo de hidrocarburo en el municipio es “normal”, dada la gran tentación que se tiene porque, al estar asentada la refinería Miguel Hidalgo en Tula, todo el combustible que entra y sale del tren de refinamiento “pasa por aquí”.
Otro mandatario de la región que se pronunció recientemente al respecto de los chupaductos fue José Alfredo Díaz Moreno de Tlahuelilpan, quien pidió cambiar y reforzar la estrategia contra el huachicol que se está implementando desde el gobierno del estado, pues, aunque, desde 2020, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional aseguraban que se había disminuido en el municipio, en las últimas semanas, se ha incrementado nuevamente.
Otro aspecto de inseguridad en la región suroccidente de la entidad, es el referente al robo de transporte de carga, que se da sobre todo en la pista México – Querétaro a su paso por Tepeji y el Arco Norte en la zona de Tula y Atitalaquia, ante la falta de vigilancia de la Guardia Nacional División de Caminos.
En temas educativos el presente año cierra con la problemática originada por la presunta intoxicación de 38 estudiantes de la secundaria Felipe Ángeles de la cabecera de Atotonilco, así como la reciente clausura indefinida del plantel, hasta en tanto autoridades ministeriales e investigadoras realizan las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer el hecho.
A pesar de que la afectación se dio a partir del 28 de noviembre, a la fecha no hay versión oficial de los hechos, ni por parte de la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud o autoridad investigadora alguna.
En Tula se tiene que, después de más de un año y tres meses de ocurrida la inundación de septiembre de 2021, aún ocho planteles públicos de educación se encuentran en ruinas por los efectos de la anegación, y sin que las escuelas puedan hacer válido el seguro por el siniestro que supuestamente tenía contratada la dependencia al momento de inundarse.
También hay temas ambientales no atendidos, y reclamados por décadas por grupos ambientalistas, como el saneamiento del río Tula, las emisiones contaminantes de la refinería Miguel Hidalgo y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, y el tema de la plaga de mosco cúlex que padecen 18 comunidades ribereñas de la Capital Tolteca y Tepetitlán por falta de trituración del lirio acuático por parte de la Semarnath.