Itzell Molina.- Con 23 votos a favor, el Pleno del Congreso estatal aprobó el acuerdo económico por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realicen la investigación sobre el presunto desvío de 807 millones 127 mil 793.80 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que el gobierno de Hidalgo depositó en un fondo de inversión, en Banco Accendo, para deslindar responsabilidades y fincar las sanciones administrativas correspondientes.
De acuerdo con el acuerdo los más de 800 millones de pesos eran provenientes del FAIS, que el gobierno de Hidalgo, en vez de ejecutarlo en los conceptos correspondientes, decidió invertirlos en un fondo de inversión del banco Accendo, que se encuentra en proceso de quiebra y señalado por posible administración fraudulenta.
De acuerdo con los lineamientos del FAIS, esos recursos públicos debieron destinarse de forma exclusiva al financiamiento de obras e inversiones, que beneficien a la población en pobreza extrema, lo cual no hizo el gobierno saliente, sino que los ocupó para depositarlos en un fondo de inversión, lo cual presumiblemente se trata de un desvío de recursos.
En este sentido, el exgobernador, Omar Fayad Meneses, reconoció que dicha institución financiera contaba con el aval de instituciones federales para operar; no obstante, dijo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, determinó que su licencia fuera revocada, sin que antes del Ejecutivo de Hidalgo, retirará el recurso estatal.
Asimismo, que esa cantidad en lugar de invertirse en un banco se hubiera destinado para la realización de obras en beneficio de comunidades y poblaciones en pobreza extrema en la entidad, ya se hubiera resuelto el problema de la falta de infraestructura básica en diversas comunidades, mayoritariamente originarias del valle del mezquital y la huasteca hidalguense y con ello, evitar constantes manifestaciones y protestas por el incumplimiento de los compromisos con la obra pública.
Además, que para las y los hidalguenses, resulta ofensivo la ausencia de sanción a los servidores públicos estatales, que no invirtieron los recursos del FAIS, en la construcción de infraestructura básica para comunidades y pueblos con alta marginación del estado.