Arturo G. Alanis. Actopan.- Juan José Molina Montúfar exigió públicamente la destitución del director de Seguridad Pública Municipal, Roberto Ramón García Vite, y adelantó que en próxima fecha presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), este jueves 31, luego de que hace 15 días fue detenido, con excesivo uso de la fuerza, por más de 10 policías, cuando retiraba algunos bolardos del fallido proyecto de la ciclovía.
En conferencia de prensa, acompañado a modo de respaldo por más de una veintena de ciudadanos actopenses y su abogado Martín Vargas, Juan José Molina subrayó que no existe algún grupo político detrás de la oposición a dicho proyecto de movilidad, ya cancelado recientemente por las autoridades locales.
De ahí, aclaró que el grupo de vecinos, con los que él retiró los bolardos, nunca tuvieron la intención de quedarse con esos materiales sino entregarlos formalmente, con resguardo de un oficio, ante la presidencia municipal pero no les dieron oportunidad los uniformados, derivando en la controvertida detención del mismo Juan José Molina.
Pero igual aprovechó Juan José Molina para exhibir algunas inconsistencias o situaciones turbias, en torno al fallido proyecto de la ciclovía, por parte de la presidencia municipal, como la adjudicación directa de la obra, favoreciendo a la empresa Comercializadora y Transporte San Javier, esto, sin concurso o licitación de Ley.
Lo mismo, que no concuerdan algunos gastos reportados durante los avances de la construcción de la ciclovía, además de la dudosa calidad de materiales, específicamente los mismos bolardos, además de que nunca existió o por lo menos no exhibieron una mampara informativa del proyecto, cuya inversión alcanzaría los 999 mil pesos.
Eso sí, Juan José Molina reconoció que el dueño de aquella empresa, Francisco Javier Ángeles, no es familiar de la alcaldesa, Tatiana Ángeles Moreno, pero consideró que quizás sí hubo conflicto de interés, porque, coincidentemente, al mismo empresario le adjudicaron tres obras tan sólo cinco días antes de concluir el Concejo Interino Municipal, que antecedió a la administración local actual.
Entre otros puntos, acusó que, hasta la fecha, desde el día de su ilegal detención, la alcaldesa no ha tenido la sensibilidad de entablar algún acercamiento con él y menos de emitir una disculpa pública aun cuando más de una decena de elementos de su cuerpo de policía lo detuvieron sin que ameritara el uso de la “fuerza bruta”, por lo cual exigió la destitución de Roberto Ramón García.