Itzell Molina.- En caso de omisión por parte de algún servidor público en situaciones que tengan referente a desastres naturales o de emergencia, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo Castillo Martínez, propuso interponerse de cinco a 10 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), incluyendo inhabilitar por 10 años para cualquier cargo, empleo o comisión.
“El servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión omita emitir de forma expedita y por los medios a su alcance la pre alerta, alerta o alarma, una vez enterado o informado de un riesgo alto, estado de emergencia o desastre inminente se le castigue”, recalcó.
Explicó que, si con motivo de dicha omisión resulta en personas con lesiones graves o que perdieran la vida, la pena se incrementará hasta dos tercios, ya que cuentan con la obligación de realizar esta situación.
Lo anterior, el Legislador blanquiazul, puntualizó que debido a los trágicos hechos suscitados en Tula de Allende donde en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) murieron casi 20 personas no solo por las lluvias sino también por indebidas omisiones humanas.
De igual manera, comentó que es necesario se contemple como delito la omisión de alerta en función del empleo cargo público o comisión, con la finalidad de que los hechos acontecidos no vuelvan a repetir o de suceder no queden en la impunidad.
Asimismo, a la persona que en razón de su actividad o profesión establecida o reconocida por la Ley de Protección Civil o su respectivo Reglamento de la Ley de Protección Civil y teniendo la obligación de hacerlo omita hacer del conocimiento de las Autoridades de Protección Civil de forma expedita y por los medios a su alcance la existencia de un riesgo, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 800 a mil 600 UMAS.