En Hidalgo existen cerca de mil carpetas y averiguaciones previas por el delito de tortura, los cuales han sido cometidos entre funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) así como de otros servidores públicos ajenos a este organismo, informó su titular, Alejandro Habib Nicolás.
Especificó que los casos de tortura pudieron ser cometidos por funcionarios de la PGJEH son revisadas por la Visitaduría General y los ejecutados por otro servidor público lo analiza la Fiscalía de Anticorrupción.
Asimismo, puntualizó la necesidad de conformar un equipo que pueda realizar el Protocolo De Estambul, al ser un dictamen colegiado que se tiene que elaborar para que se pueda acreditar el delito de tortura, por lo que actualmente Hidalgo no cuenta con un equipo multidisciplinario para realizarlo.
Adelantó que llegó a un acuerdo con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX que capacite a elementos de la PGJEH para que se pueda conformar el equipo y elaborar dicho protocolo, con lo que se iría desahogando cada carpeta e investigación previa de delito de tortura.
Habib Nicolás, recordó que cuenta con 30 días para oficializar el nombre de quien estará encargado de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, esto no significa que no se estén investigando estos casos ya que existe un Ministerio Publico quien funge como Fiscal.
Aclaró que actualmente se encuentran analizan perfiles ya que esta persona debe capacitarse constantemente en los temas de tortura, por lo que una vez encuentren el perfil idóneo se designará al titular.
“Si se le está dando seguimiento a esta situación, aunque debido a que Hidalgo es una de las entidades que aún no cambia de Procuraduría a Fiscalía, dicen que no se tiene designado un Fiscal, pero esta un Ministerio Publico al frente de los delitos de corrupción, es un tema de semántica, lo que pasa es que soy el Procurador no el Fiscal”, aseveró.
Por último, subrayó que a veces puede existir una confusión con relación a la terminología de tortura (acción de obligar a una persona para que declare en relación a la comisión de un delito), “por lo que en ocasiones dicen: es que a veces nos dicen que los detuvieron agentes de seguridad y los torturan, pero eso no es tortura” se puede desprender una violación de derechos humanos y otros delitos.
Por Itzell Molina