Miguel Á. Martínez. Tlaxcoapan. La pugna de límites territoriales con Atitalaquia por la posesión de al menos 900 hectáreas de tierra, en su mayoría, situadas en el polígono de la fallida refinería Bicentenario, se tiene que atender de manera conjunta para no perjudicar a los ayuntamientos implicados ni vulnerar la paz social, consideró el alcalde del primer municipio, Jaime Pérez Suárez.
En entrevista, el edil señaló que no sólo Tlaxcoapan y Atitalaquia están implicados en el tema, sino que municipios como Tula de Allende también están inmersos en el asunto, por lo que dijo que las tres demarcaciones tienen que ser consideradas, y de manera adicional, los ejidatarios, que, de acuerdo con su versión buscan que se les restituyan las tierras.
En este sentido señaló que, desde hace tiempo, sin precisar cuánto, campesinos tanto de su municipio, como de las tres localidades que vendieron sus tierras, vienen reclamando que se les reintegren sus tierras de cultivo para volverlas a hacer productivas.
Dijo que, le parece que lo más legal es que si ese polígono ya se pagó, siga perteneciendo a Pemex, puesto que eso sería lo que estipula la ley. No obstante, indicó que, aun así, los ejidatarios piden que se les reintegre el polígono, porque de esa manera se estableció con Pemex: “que, si las tierras permanecían sin producir durante bastantes años, se les tendrían que devolver”, pero dijo conocer los términos del convenio.
En este contexto dijo que no puede opinar de un asunto que desconoce, pero que, a su consideración, sí debería buscarse un proyecto intermunicipal para reactivar ese polígono de casi mil hectáreas que se truncó para ser una nueva refinería: “los tres órdenes de gobierno, debemos impulsar la reactivación económica en este momento, y pensar en reactivar esas tierras sería muy buena idea”.
En 2008, Pemex compró un polígono de 700 hectáreas de tierra de cultivo a ejidatarios de Tlaxcoapan, Atitalaquia y Tula para construir la refinería Bicentenario, proyecto que se gestó durante el sexenio del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, en dicha superficie sólo se construyó una barda perimetral de 13 kilómetros de longitud, que costó 435 millones de pesos. Sin embargo, en 2014, el gobierno del también expresidente, Enrique Peña Nieto decidió cancelar los trabajos definitivamente.