El procurador general de justicia del estado de Hidalgo Raúl Arroyo propuso ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) zona centro, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) apoyo para que las entidades financieras reduzcan tiempos de respuesta a los requerimientos del Ministerio Público en el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA).
El planteamiento expuesto durante la primera sesión virtual ordinaria 2021, pretende que se priorice la respuesta en aquellos asuntos que se encuentran en etapa de investigación complementaria, con la finalidad de agilizar los procesos penales en curso.
El procurador explicó que a consecuencia de la pandemia por la COVID-19, el cómputo de plazos en los trámites y procedimientos se suspendió para la CNBV, posteriormente, a partir del 17 de agosto pasado se ordenó la reanudación de plazos para requerimientos de información y documentación.
Arroyo González señaló que órdenes de aseguramiento, desbloqueo de cuentas, entre otros. Sin embargo, la respuesta a las solicitudes no ha sido en los tiempos que espera la autoridad ministerial.
La procuración e impartición de justicia fueron consideradas actividades esenciales, conforme al acuerdo de la Secretaría de Salud del 31 de marzo de 2020, lo que hizo que la procuración de justicia no se detuviera, esta situación generó un conflicto ya que mientras la CNBV suspendió actividades, el Ministerio Público continuó sus labores.
“La suspensión naturalmente generó retraso en recepción de información financiera requerida por las fiscalías, aunado a ello, órganos jurisdiccionales han considerado que no aplica la suspensión de plazos en aquellos asuntos que se encuentren en la investigación complementaria” aseguró Arroyo.
Advirtió que la falta de información financiera pone en riesgo la presentación de datos y medios de prueba, esto además de otros conflictos que se propician en el cierre de investigación, situación que podría derivar en una afectación en los derechos de las víctimas.
La propuesta fue avalada por las y los fiscales generales de justicia de los estados de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como por Germán Adolfo Castillo Banuet, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República, quien estuvo a cargo de la reunión con la representación del fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero.
Por Juan Manuel Pérez