Juan Manuel Pérez.-El juez Adrián Rivera López, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, frenó el traslado de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, a otro centro penitenciario.
Sin embargo, esta suspensión carecerá de efecto si el traslado obedece a cuestiones de seguridad, como que esté en riesgo su vida o su integridad.
La suspensión de plano que otorgó el juez se da al considerar que podrían existir actos de peligro o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento que se sigue contra el político hidalguense, bajo la causa penal 263/2020.
No obstante, tampoco tendrá efecto si esta medida es ordenada por una autoridad distinta a la Dirección del Penal del Altiplano, donde Sosa Castelán está recluido desde el 31 de agosto, cuando fue detenido en la Ciudad de México.
De igual forma, si se fundamenta la necesidad del cambio o por procedimientos posteriores.
Quienes no cumplan con la determinación, el impartidor de justicia dijo que se podrán hacer acreedores a una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
La madrugada del 6 de septiembre un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.