Exigirán colegiados a los próximos gobernantes en Hidalgo que cumplan con la Ley General de Ordenamiento Territorial y las normativas que regulen el tema de obra pública, toda vez que son evidentes las afectaciones a la seguridad de los ciudadanos en calles sin mantenimiento y construcciones en zonas de riesgo, destacó José Rubén Pérez Ángeles, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Hidalgo (CICH).
En entrevista para Vía Libre, el experto constató las precarias condiciones en las que se dejan las calles de la ciudad de Pachuca tras la administración de Yolanda Tellería Beltrán; no obstante, subrayó que esta situación se replica en numerosas edificaciones en todo el estado.
“Entendemos la molestia o enojo ante los resultados de las administraciones municipales. En las calles principales no se nota, pero en las colonias populares te das cuenta que faltó meterle mano allí; fue una falta de atención que pudiera reflejarse en un tema de presupuesto, pero fueron 4 años que pudieron haber hecho una diferencia.”
Consideró que los nuevos funcionarios que sean elegidos este año en las elecciones tienen la obligación de resolver la problemática de manera permanente y no solo remendar errores que datan desde gobiernos anteriores “con mejoralitos”.
“No podemos apostarle a que solo se tapen los agujeros y ya se deje así. Hay que conocer la falla de origen y programar presupuestariamente. Pachuca necesita y merece una administración que ya trabaje.”
A consecuencia de estas fallas sistemáticas, es que los profesionistas del CICH fungirán como supervisores de la preparación con la que cuentan los servidores públicos que llegan a las áreas encargadas de decidir sobre asuntos de infraestructura urbana, previó.
“Vamos a exigir que conozcan los 5 documentos normativos necesarios de la Ley General de Ordenamiento Territorial: el Atlas de Riesgo; Reglamentos de Construcción; los Planes de Desarrollo Urbano; los de Ordenamiento Territorial y el Perfil de Resiliencia.”
Con el conocimiento, respeto y aplicación de estas directrices, se garantiza el buen servicio público que abona a la seguridad y patrimonio de los hidalguenses, subrayó.
Por Eunice L. Rodríguez