Alberto Witvrun.-La dirigencia estatal panista no se quiso involucrar en la defensa política de los ex presidentes municipales de Mineral de la Reforma Raúl C. B. y de Tulancingo de Bravo Julio Soto Márquez, quien le entró al toro fue su dirigente nacional Marko Cortés Mendoza, quien lo hizo para medio animar su desangelada visita a Hidalgo, pero si alguien le hubiera informado, seguro no se hubiera atrevido a asegurar que hay uso electoral de la justicia.
En el caso de Tulancingo, se encontró que un terreno donado se hizo aparecer más tarde como adquirido, lo que tiene que explicar el fallido candidato a presidente municipal de Acción Nacional; pero en el caso de Mineral del Monte, la situación es altamente complicada, y conforme se conozcan las investigaciones nadie querrá estar en los zapatos del ex alcalde.
Con la salida de sus principales colaboradores empezaron a surgir versiones sobre el manejo de recursos en el ayuntamiento mineralense, uno que presenta graves irregularidades es el manejo de parte de la nómina de trabajadores, que al parecer no era manejada directamente por administración y finanzas municipales, porque se triangulaba lo que dejaba buenas ganancias cada quincena.
Otro rubro que se investiga es en materia de seguridad pública, porque al parecer recursos federales del Programa de Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) no se aplicaron debidamente, en suma ya asegura que el desvió de su antecesor Filiberto Hernández Monsalvo, es de risa en comparación a los recursos probablemente desviados durante los cuatro años.
Así que no fue obsesión por el poder tratar de imponer a su esposa la diputada local Yareli Maya Monzalvo, primero como candidata a sucederlo por Acción Nacional (PAN) y después por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) era una necesidad para el ex presidente municipal a quien ya la dictaron prisión preventiva por uso indebido de funciones como servidor público.