Durante el periodo de contingencia por Covid-19 se han recibido un total de 111 denuncias que solicitan inspección a los centros laborales, dio a conocer María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).
La funcionaria aseguró que se mantienen pendientes de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, que en ninguna circunstancia pueden ser objeto de vejaciones por parte de los patrones.
Como lo ha manifestado en anteriores ocasiones, hay una Ley de Trabajo que respalda a los empleados en tiempo de contingencias como la que se vive actualmente, por lo que se realizará la investigación necesaria respecto a las 111 alertas que se han recibido para actuar conforme lo marca los estatutos.
La secretaria del Trabajo explicó que ha sido instrucción del gobernador Omar Fayad vigilar que se respeten los derechos de las y los trabajadores durante la emergencia sanitaria, por ello ha realizado 71 inspecciones laborales de las cuales en 12 centros se constató realizan una actividad esencial; en tanto en 59 centros laborales llevan a cabo una actividad no esencial, por lo cual se les exhortó a suspender actividades.
Asimismo, se seguirá el procedimiento administrativo sancionador a 3 empresas las cuales se negaron a suspender sus actividades, no obstante que no son esenciales.
Manifestó que aquellos centros laborales que continúan en funcionamiento debido a que realizan actividades esenciales, según el acuerdo realizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, emitido el pasado 31 de marzo, deben cumplir con las medidas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud del Gobierno de México en la Guía de Acción para Centros de Trabajo ante el virus SARS-COV-2 (Covid-19).
La encargada de la política laboral estatal puntualizó que aquellos centros de trabajo que se nieguen a suspender sus actividades, por no ser esenciales, pueden ser multados con 21 mil 720 pesos, hasta 434 mil 400 pesos, además de dar vista al Ministerio Público y a la autoridad sanitaria correspondiente.
