Alberto Witvru.-Transcurridos 53 días de la detención de Fernando R. M. como presunto homicida de Gerardo Sosa Cravioto quien sufrió el atentado de que le costó la vida el 23 de febrero de 2019, la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para la familia del inculpado presenta una cúmulo de irregularidades y de violaciones al debido proceso, que su defensa se prepara para probar que se está “fabricando a un culpable”.
La versión que contradice a la oficial, sostiene que los agentes de la Policía de Investigación que cumplimentaron la orden de aprehensión, “encapucharon” al detenido y tuvieron retenidos a su esposa y menores hijos por varias horas y no dejaron que estuvieran presentes en el cateo de su domicilio y de su negocio, lo que permitió que “sembrarán” el arma calibre .45 con la que presuntamente ultimó al hijo del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Hay testigos que aseguran que la relación entre Fernando y Sosa Cravioto era amistosa y continuamente convivían además de que el primero trabaja como su asistente y que nunca hubo un despido como aseguran las autoridades, porque el proyecto del inculpado era iniciar un negocio propio, así que la familia toca las puertas de instituciones y organizaciones de derechos humanos para evitar que Fernando R. M. sea castigado por un crimen que aseguran no cometió.
A los familiares de Fernando empieza a unirse organizaciones civiles y de no lograr su demanda de un juicio justo, sin manipulaciones, acudirán a las cortes internacionales e inicialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conseguir justicia para Fernando, así que más allá del rumbo que tome el juicio que se le sigue a este joven profesionista, la credibilidad de la PGJEH está en entredicho por el actuar de su Policía de Investigación, que antes de la detención solo una vez entrevistaron a Fernando, días después del homicidio.