Alberto Witvrun.-La acción legal emprendida por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para revocar concesiones del servicio público de pasajeros a quienes históricamente sacaban doble beneficio a las concesiones adquiridas legal o ilegalmente al amparo de la corrupción y la impunidad al ser utilizadas como moneda de cambio o pagos de marcha a funcionarios y políticos a través de prestanombres, que normalmente acabaron en manos de particulares que han logrado acumular grandes fortunas, ya preocupa a los acaparadores.
Habrá que investigar como una sola familia, la de Joaquín Gutiérrez García, logró acumular más de 400 concesiones o como Oscar Monzalvo Destunis, suma cerca de 300 y Francisco Hidalgo también acumula una cifra impresionante de los también llamados permisos para taxis, pero no solo también con un poco de investigación periodística se puede dar con políticos que en los últimos 25 años se agregaron como empresarios al sector transporte.
Aún recuerdo como en un acto de dignidad los entonces diputados locales Prisciliano Gutiérrez Hernández y Gonzalo Rodríguez Anaya, rechazaron las dos concesiones “por cabeza” que regaló el gobernador Guillermo Rossell de la Lama a los integrantes de la 52 Legislatura, pero eso no era frecuente y cada fin de sexenio a partir de Manuel Ángel Núñez Soto, se hizo costumbre “aprobar” cientos de concesiones para colaboradores y amigos.
También era tradición que los transportistas reunieran fuertes cantidades de dinero para apoyar las campañas a gobernador a cambio de un paquete de concesiones que se distribuían equitativamente, pero en ocasiones como sucedió en la campaña de Miguel Ángel Osorio Chong, el dinero nunca llegó a su destino, generándose un conflicto que duró varios años.
Hoy los Señores o Zares del Transporte han construido pequeños pero poderoso feudos económicos; cuando décadas atrás uno, conducía un urbano a San Bartolo, otro su familia era de ejidatarios y otro más era trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que no indica que todo hayan sido acumulado mediante acciones ilegales, pero hoy el gobierno estatal parece estar dispuesto a poner orden en el sector.
Orden que ni siquiera consiguió en otros tiempos el entonces gobernador Jesús Murillo Karam, que en busca de evitar corrupción nombró en esa posición al panista de cepa, Lucas Adrián del Arenal Pérez, pero si bien se frenaron muchas irregularidades, nunca desde esa época se había tomado una acción legal, que puede llevar a la revocación de más de 300 concesiones.