Laura Elizabeth Trejo.- En Hidalgo, 48 mil niñas y niños están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, problemática que se presenta principalmente en los municipios donde hay robo de combustible, recalcó en tribuna la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández.
Expresó lo anterior durante la sesión ordinaria número 130 del Congreso del Estado de Hidalgo, en la que presentó una iniciativa para establecer el tipo penal de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, además de castigar hasta con doble punibilidad a quienes inciten, coaccionen o alisten para participar en actividades de grupos delictivos.
“No debemos permitir que la niñez y adolescencia sean utilizadas como informantes, halcones, vendedores de drogas, sicarios o cobradores de extorsiones, se aprovechan de su vulnerabilidad con la manipulación y el engaño”, recalcó al exponer ante el pleno los fundamentos de su propuesta.
La legisladora hizo mención de que algunos factores de riesgo para que las infancias sean captadas por grupos criminales son el consumo de sustancias, la depresión, estrés, baja autoestima, falta de acceso a la educación, situación de calle, violencia escolar y narcocultura.
“A eso sumamos la falta de legislación en torno al tema, políticas inadecuadas, relaciones de grupos delictivos en la política y la impunidad”, recalcó.
Agregó que el país enfrenta una crisis de inseguridad; estimaciones recientes por la Red de los Derechos de la Infancia en México señala que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados y utilizados por cárteles o grupos delictivos.
“A pesar de que el Comité de los Derechos del Niño ha emitido una serie de recomendaciones al Estado Mexicano, para tipificar de manera explícita el reclutamiento de niñas y niños por los grupos del crimen organizado, no se ha hecho nada”, añadió.
Frente a este panorama, la legisladora planteó una sanción penal de 10 a 20 años de prisión por la comisión de estas conductas, que se aumentará al doble la punibilidad correspondiente cuando sea cometida por servidores públicos o cuando el reclutamiento recaiga sobre niñas, niños o adolescentes en condición de orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad o migración.
“El Estado tiene que dejar un mensaje claro; no tolera el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, tomará medidas para garantizar su protección, fundamental para que la sociedad respete los derechos de la niñez y adolescencia”, enfatizó.