Urge protección integral a periodistas de Guerrero, ya son 8 sus fuentes de riesgo

Por Rogelio Hernández López

A periodistas de otros estados menos vulnerables les sería más que difícil trabajar como las y los colegas de Guerrero, con pocas fortalezas y no obstante desafiar ocho frentes de riesgos en Chilpancingo, Iguala, o la montaña de, incluso en Acapulco.

Después de Veracruz, Guerrero ocupa el segundo sitio de agresiones. Se registran 15 periodistas asesinados (2 de ellos en agosto de 2019: Edgar Alberto Nava López y Rogelio Barragán). Tan sólo la fiscalía especial federal tiene registro de 71 indagatorias por diversos agravios y de únicamente un consignado. Tenían razones de miedo.

No mejoran. A hombres y mujeres que reportean en Guerrero les hicieron una evaluación de riesgos, hace 4 años y hoy se han reducido muy poco las 11 vulnerabilidades detectadas a pesar de que ya cumplió 17 años una ley de dádivas gubernamentales que las contrarresta un poco.

Entonces también les detectaron que contar con muy pocas fortalezas y no obstante desafiaban a siete fuentes o sujetos de riesgo. En ninguna otra entidad hay tantas fuentes de miedo: policías locales, funcionarios, grupos sociales como la CTEG, policías ciudadanas, policías federales, militares y marinos, líderes transportistas y empresarios, en ese orden. Un temor permanente es por  tres grandes grupos del crimen organizado, que infectaron a muchos de los anteriores.

En ese contexto se explica que el 28 se septiembre de encendieran varias alarmas. En un mitin, algunos pocos pidieron a las autoridades de los tres niveles que brinden seguridades para los colegas que han seguido el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por la liberación reciente de 77 implicados, en especial para los que estuvieron en Iguala los días 26 y el 27 de septiembre de 2014. Este es la octava fuente de riesgo. Y se concentró allí el miedo porque eso pone “a esos periodistas en alta vulnerabilidad”.

Aumentaron los agravios

En 2016 se difundió el resultado de la Evaluación de riesgos de periodistas de Guerrero elaborada durante meses del año anterior por los periodistas: Javier Garza Ramos, Jorge Luis Sierra y Celia Guerrero con el patrocinio de Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas y la colaboración de Periodistas de a Píe y Reporteros sin Fronteras. Se levantó una encuesta y se hicieron entrevistas a 25 periodistas de la entidad.

Allí explican que “la evaluación se realizó en el contexto de conflicto en la entidad, en la tensión que se vive tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, la colusión de autoridades y grupos del crimen organizado y la radicalización de movimientos magisteriales”. Los municipios riesgosos para periodistas fueron, en orden de importancia, Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala. Poco de eso ha cambiado y si empeoró.

Por ejemplo, en 2015 documentaron sólo 11 casos de agresión en Guerrero desde diciembre de 2012. En el portal de la fiscalía especial federal de la FGR hasta julio de 2019 tenían documentados de Guerrero 13 homicidios sin contar a los dos colegas abatidos en agosto, 71 indagatorias, 41 averiguaciones previas, 26 carpetas de investigación y una orden de aprehensión. Faltan los datos que tenga la fiscalía del estado.

Vulnerables, la mayoría

“Los periodistas consultados en Guerrero –sostiene el documento– también identificaron las fortalezas y debilidades que tienen para establecer objetivos y medidas que puedan mejorar su protección. Las condiciones de vulnerabilidad (11) son constantes en todas las regiones del Estado”.

“No hay respaldo institucional de los medios y empresas. Bajos salarios. Inestabilidad laboral. No hay seguridad social. No hay seguro de vida. No hay respaldo de medios para sus corresponsales, que son freelance. No hay prestaciones para corresponsales. No hay costeo del equipo de trabajo por parte de las empresas (teléfonos, computadoras, cámaras). Gobierno del Estado ofrece capacitaciones con condiciones y objetivos de corrupción. No hay contactos confiables con fuerzas de seguridad. Hay poco contacto con editores. Éstos exigen publicación de información al momento sin considerar aspectos de seguridad. Poco conocimiento de herramientas de seguridad digital, especialmente para comunicaciones”. Y no preguntaron sobre los niveles académicos y la profesionalización continua, que en otros estados sureños los índices oscilan entre media y muy baja.

Muy pocas fortalezas

El contraste que encontraron los periodistas investigadores al indagar de las fortalezas para el desempeño y seguridad, en 2015 era fue extremoso: “Pocos medios ofrecen apoyo institucional y seguridad social. Redes de apoyo (algunas). Contactos con organizaciones nacionales/internacionales de defensa de periodistas (de algunos). Capacitación ofrecida por organizaciones nacionales e internacionales”. Y ya. Desde entonces ha mejorado la actitud gubernamental.

No hay en la entidad una ley de protección (cautelar) para periodistas. En 2010 se promulgó la 391 para defensores de los derechos humanos y hasta apenas en octubre de 2017 se creó la Unidad Estatal Para La Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, pero sin marco jurídico para los periodistas y peor aún las normas de este mecanismo son para cumplir el compromiso de vinculación con el mecanismo federal.

Lo que los gobiernos de Guerrero presumen –pero critican Ongs y periodistas de otras entidades—es la ley 463 de promulgada en 2002. Es formalmente de fomento porque legaliza un fondo anual que sirve para repartir, recursos a periodistas con poca fortaleza social. Desde 2014 el fondo se estabilizó en alrededor de 5 millones de pesos para dadivas a unos 480 periodistas de todos los municipios. Las partidas son para pólizas de seguros de gastos médicos por 50 mil pesos, entrega hasta 10 mil pesos para gasto libre con la condición de facturar al gobierno del estado, becas para preescolar, gastos de maternidad por 25 mil pesos, ayudas para tramite de Registro Civil, examen de la vista con lentes y acceso al seguro popular.

 

En 17 años demasiadas empresas de prensa han recibido esa “ayuda” indirectamente para no pagar prestaciones y no se sabe de algún informe especial acerca de mejoras que hayan tenido los periodistas beneficiados. Según la Evaluación de riesgos de 2015, indicaba que seguían igual de condiciones sociales, pero más atados al fondo que maneja el gobierno del estado.

En resumen, habrá que saber qué medidas están tomando las autoridades municipales y estatales para atender la alerta de medidas preventivas y cautelares para los periodistas que han hecho la cobertura del Caso Iguala.

También parece urgente que el gobierno actual de Guerrero busque una alternativa novedosa a lo que existe ahora y que ha servido muy poco; por ejemplo, un plan –y quizá una ley—estatal de protección integral que vaya más allá de lo cautelar, que elimine lo convenenciero del fondo de dadivas y que realmente les genere fortalezas profesionales a los periodistas de la entidad para que puedan trabajar con libertad de pensamiento y con seguridad.

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