*UAEH: La otra marcha 30 años después

Alberto Witvrun.-En mayo de 1989, hace exactamente 30 años la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tomó las vandalizadas calles de Pachuca, vivía una crisis y bajo el argumento de que estaba en riesgo su autonomía, que para consolidarla a los años siguientes a 1982 los porros coordinados por la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) dejaron un estela de robos, saqueos, asaltos e incluso homicidios.

En los primeros días de mayo de 1989, la policía judicial detuvo en Huejutla de Reyes a la Banda de El Edy dedicada al asalto y venta de marihuana; la captura de Edilberto Reyes Gómez, Santiago Toscano y Fortunato González Islas, los tres vinculados a la UAEH, uno como dirigente estudiantil de la preparatoria de El Zapote, otro como alumno y el tercero como profesor de etimologías.

Sus declaraciones ante el ministerio público, involucraban a los hermanos Gerardo y Agustín Sosa Castelán, secretario general de la UAEH y presidente de la FEUH respectivamente; la posibilidad de que fueran detenidos y puestos a disposición de un juez era real; el procurador Rubén Licona Rivemar personalmente participó en la integración de la averiguación previa, área a cargo en ese momento de José Alberto Rodríguez Calderón.

Fue entonces que para la defensa de los hermanos Sosa Castelán se “armó” una marcha que recorrió la avenida Madero hasta palacio de gobierno, para exigir que no se procediera porque estaban unidos y les asistía la razón de la inocencia de Gerardo y Agustín; ese mismo día por la noche hubo acuerdo y se cancelaron las órdenes de aprehensión que ya estaban sobre el escritorio del procurador, la marcha universitaria y el mediador, habían dado resultado.

Hoy ocho de mayo de 2019, tres décadas después la UAEH, vuelve a “armar” una marcha: el pretexto también es un presunto delito, pero no de baja estofa, de comprobarse es de “cuello blanco” al congelar la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) 224 cuentas de la institución y personales del rector Adolfo Pontigo Loyola y del presidente del Patronato Gerardo Sosa Castelán por presuntos actos de corrupción.

Esta vez marcharán con base a un manual de 21 páginas, pero al igual que en 1989, es obligatorio para los alumnos asistir, no para exigirle al gobernador, si al presidente Andrés Manuel López Obrador, que las cosas queden como hace 30 años: sin investigar, que se descongelen las 164 cuentas bancarias de la institución de paso las del rector y las del presidente del Patronato y todos contentos, que en este pueblo no pasa nada.

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