Que los medios públicos generen recursos y dejen la mendicidad

Por Rogelio Hernández López

Es muy probable que al confirmar los presupuestos que tendrán para 2020 se cuele el desaliento entre quienes dirigen los medios públicos principales. Tendrán que esperar otro año –si aguantan– para que sean considerados estratégicos dentro del cambio de modelo de la comunicación política del gobierno que ha optado por los recortes publicitarios drásticos y el choque sistemático con los medios privados convencionales.

Lo que puede salvar a los medios públicos principales de la acostumbrada mendicidad anual es que en 2020 se apruebe una ley que los considere como sujetos jurídicos no lucrativos de interés público para que puedan tener obtener otros ingresos, estos autogenerados por venta de espacios, servicios y otras actividades.

Mientras tanto serán muy malas noticias para quienes trabajan en canal 22 porque les recortarán 30 por ciento de lo autorizado en 2019; a los de televisión educativa 10 por ciento y 3.34 por ciento al que se pretende sea rector de estos medios, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM).

Habrá también malas noticias para los que laboran en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en Canal Once que recibirán incrementos más pequeños que la inflación esperada: 1.06 y 2.67 por ciento respectivamente.

Y habrá cierto aliento para los trabajadores y directivos de Notimex y Radio Educación que si obtendrán un incremento de 5.45 y 6.16 por ciento respecto a los que recibieron el año anterior.

En todos los casos será imprevisible, por no decir imposible, su desarrollo y la mejoría de sus trabajadores porque estos recursos apenas alcanzan para la operación. También tendrán que seguir esperando la ampliación del derecho a la información y la libertad de expresión informada profesionalmente.

Alerta de Amedi

Por eso, el 20 de noviembre lanzó una alerta la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

“Actualmente –anotó la directiva de la Amedi– las instalaciones de los medios públicos se encuentran en estado deplorable, la infraestructura carece de mantenimiento y no ha sido modernizada, mientras que los equipos de transmisión y el parque tecnológico sufren de obsolescencia.”

Este comunicado se emitió el 19 de noviembre, en la víspera y jaloneo del presupuesto de egresos de la federación y se dirigió a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Pública de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y las dependencias competentes para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020

“Cabe recordar que los medios públicos deben ser un contrapeso de la programación que ofrecen los medios electrónicos comerciales. Contribuyen al derecho a la información, la libertad de expresión, la pluralidad de contenidos, la diversidad de expresiones y la multiculturalidad. Tienen un compromiso constitucional con la calidad de los contenidos, la veracidad informativa y la promoción de los derechos fundamentales, cada vez más comprometidos.”

Los mendigantes

En este 2019 se elevó la importancia estratégica de los medios públicos en México. El inicio de ruptura del modelo de comunicación política, de mutuas conveniencias entre gobernantes con los medios privados, descansa frágilmente en la difusión que alcancen las conferencias matutinas tanto en medios convencionales como los emergentes y muy veleidosos de las redes socio digitales.

Al nuevo modelo que todavía no se configura claramente se ofreció incorporar un sistema de medios públicos similar a los de países más desarrollados, pero no se han informado avances de esa promesa. En contraste, lo más concreto es que se decidió seguir castigando los presupuestos de los medios públicos principales que cada año tienen que prácticamente limosnear para que no les castiguen más.

Por ejemplo Canal 11 tuvo 643 millones en 2013 y para 2020 ejercerá 544.7; Canal 22 que en ese año tuvo 232 millones bajará a 155.7.

“Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano le han ido reduciendo desde 2018 los 643 millones y para 2020 quedará en 607.3 millones de pesos.

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en 2017 registró 254 millones ahora le asignaron 160 millones de pesos. (ver tabla)

 

Si hay salida

Ya se ha referido en esta columna que desde 1985 el periodista Miguel Ángel Granados Chapa se anticipó en proponer que el Estado mexicano disminuyera la contradicción principal del modelo de comunicación social que permitió la concentración de la propiedad de los medios, el acaparamiento del gasto publicitario y la mercantilización extrema de las noticias. Modelo que deformó y obnubiló el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa.

Las decisiones del gobierno actual de bajar el gasto federal en publicidad de más de 8 mil millones a la mitad en 2019 y recortarlo a 2 mil 200 millones para 2020, aunada al “dialogo circular” de las mañanas son apenas atisbos de un modelo alternativo.

Para el nuevo modelo debería considerarse la conveniencia de que la nueva ley de gasto publicitario asimile la vieja propuesta de reconocer jurídicamente a la prensa no lucrativa como sujeto de interés público.

Esa ley que debería ser general, es decir para los tres niveles de gobierno, normaría la transparencia del gasto público publicitario y, a la vez, especificaría derechos y obligaciones para los medios no lucrativos. Los medios privados quedarían fuera de esta ley y su el plano mercantil en que se encuentran.

En la prensa no lucrativa entrarían los medios públicos y sociales, comunitarios, medios impresos o digitales propiedad de asociaciones civiles de periodistas no mayores de 20 personas. En todos los casos tendrían que operar sin fines de lucro para obtener preferencia presupuestal y/o publicitaria.

En el caso de los medios sociales, donde quedarían las asociaciones de periodistas, si debieran tener varias obligaciones: una propuesta editorial de cercanía con sus poblaciones y/o coberturas especializadas, pero además contar con códigos de ética profesional, defensores autónomos de la información y de los públicos.

Eso sí sería democratizar la información de interés público más allá de ese dialogo circular que, por voluntarismos, hará agua de no institucionalizar la participación de los distintos actores en la comunicación social y política para los nuevos tiempos.

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