Disputan el control de la empresa concesionaria del sistema Tuzobus

*El presidente de Corredor Felipe Ángeles, convoca a asamblea; socios consejeros también.

Inició la disputa por el control de la empresa Corredor Felipe Ángeles, S.A.P.I. de C.V. con el lanzamiento de dos convocatorias para asamblea de socios, la primera por el presidente del Consejo de Administración Joaquín Gutiérrez García que por tres años ha mantenido el manejo de la concesionaria del Sistema Integrado de Transporte Público (Tuzobus) en medio de acusaciones de malos manejos y la segunda por consejeros y comisarios que demandan auditarla y un proceso transparente de las finanzas de la firma.

Gutiérrez García ante las constantes denuncias lanzó una convocatoria amañada el sábado donde convoca para el 30 de abril, ante lo cual los socios consejeros y comisarios que vienen acusando las irregularidades y el mal manejo de alrededor de 700 millones de pesos que concede como apoyo el gobierno del estado, decidieron convocar para una semana antes, el 24 de abril con apego a los estatutos de la empresa y a las leyes.

Gutiérrez García, se dijo, es el socio mayoritario de la empresa al aportar 200 concesiones de las 501 retiradas se circulación, mismo que fue impuesto en el gobierno de Francisco Olvera Ruiz y colocó en posiciones estratégicas a familiares, mientras que el tesorero es Roberto Hernández Mares hombre cercano al ex gobernador; pero el malestar es el manejo financiero.

Pero no solo, Joaquín Gutiérrez enfrenta la amenaza de retirar la concesión del Tiuzobus por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) como en su oportunidad señaló el gobernador Omar Fayad Meneses ante el conflicto y el incumplimiento de compromisos de la empresa para ampliar el servicio del Tuzobus, mientras que los socios reclaman el pago de ganancias y aseguran que hay irregularidades en las nóminas y en el pago de composturas y servicio de las unidades.

Joaquín Gutiérrez busca mantener el control de la empresa, mientras los socios quieren una nueva directiva que tenga un manejo transparente de la administración, previa aplicación de una auditoría externa para eliminar sospechas y que de arrojar irregularidades podría arrojar denuncias penales por parte de los afectados.

Por Manuel Castellanos

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