*Cipriano Charrez, ¿curarse en salud o “chicanada”?

Alberto Witvrun.-Era un hecho que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados federal, no tardaba en emitir el dictamen sobre el juicio de procedencia o desafuero al que estaba sometido Cipriano Charrez Pedraza solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) derivado del accidente carretero en que se vio involucrado el 6 de octubre de 2018 y donde perdió la vida calcinado el joven de 21 años Rubén Fuentes Martínez.

Por eso pidió licencia al cargo y en teoría enfrentar como ciudadano común este proceso del que insiste es inocente al responsabilizar a su chofer del percance y del que por cierto no se conoce su nombre, y ahora trata de politizar el caso al victimizarse como perseguido político y objeto de una campaña denostadora por parte de los medios de comunicación al servicio de poderes facticos.

Quien conoce a Cipriano, dicen preparó una “chicanada”; al solicitar licencia frenó el juicio de procedencia y si regresa, la PGJEH tendría que ingresar nueva solicitud de desafuero, eso le ganaría tiempo al ex alcalde de Ixmiquilpan, porque su otra preocupación es no dejar la curul a sus enemigos internos en Morena, representados en Gustavo Callejas Romero, que obedece a intereses de José Huerta y José Manuel Zúñiga.

La palabra ahora es de la PGJEH que ya debe tener integrada la carpeta de investigación y consignada a un juez de control, porque de otra manera no pudo solicitar el desafuero y de tener pruebas suficientes le deberán obsequiar la orden de aprehensión y continuar el proceso conforme al debido proceso, mientras Cipriano Charrez Pedraza, prepara nuevas movilizaciones en su defensa.

Para insistir en ubicarse como un perseguido político, no como responsable de un accidente donde murió una persona, cuyo fallecimiento tasó en 180 mil pesos que entregó mediante presiones a la familia, aunque ahora dijo que su chofer, del que no se sabe el nombre había llegado a un acuerdo por 450 mil pesos con los deudos, pero que no se concretó por la intervención del secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar.

Es aquí donde surgen interrogantes, sobre el origen de la capacidad financiera del diputado federal con licencia, que se dice luchador social, que manejaba una camioneta Raptor con valor superior al millón de pesos, que pudo ofertar 180 o 450 mil pesos a la familia Fuentes Martínez, porque obvio esa cantidad no la tiene alguien que labora como chofer y para pagar autobuses y comida para quienes vinieron a apoyarlo, todo esto más allá de la resolución del juez que conozca el caso.

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